El suceso acaecido el pasado 15 de noviembre en la residencia geriátrica de la localidad zaragozana de Villafranca de Ebro ha puesto, de forma dolorosa, en el centro del debate una cuestión: la atención a nuestros mayores.

Tal y como advierten los colegios de Enfermería de Huesca, Teruel y Zaragoza, los múltiples problemas detectados por los profesionales de Enfermería en la Comunidad desde hace ya tiempo se han visto agudizados a raíz de la pandemia de la COVID. Dichas inquietudes, recogidas y analizadas por un comité de trabajo enfermero, fueron compartidas con la Administración el pasado mes de julio con una propuesta de actualización y modificación de la actual legislación que tiene más de 30 años.

A juicio de la Organización colegial aragonesa, el perfil de residentes de los centros sociosanitarios ha evolucionado en las últimas décadas hacia un usuario con mayor grado de dependencia, además de con una importante demanda de servicios específicos.

Esto hace que estos equipamientos, a juicio de las enfermeras, se están convirtiendo en centros cada vez “más sanitarios que sociales” debido al estado de salud complejo de sus usuarios. “Estamos hablando, entre otros, de pluripatología, de fragilidad,  de incontinencias, caídas, síndrome confusional, úlceras por presión, enfermedades neurológicas degenerativas, etc.”, detallan desde el grupo de trabajo. El resultado, tal y como advierte la Enfermería aragonesa, es que “tenemos personas mayores dependientes con alta carga de enfermedad, viviendo en residencias sociales no definidas para cubrir sus necesidades de salud”.

Todo ello con un marco legislativo (Decreto 111/1992) en el que, el único apartado que se  refiere al  personal de atención, habla de ratios de trabajadores en total sin discriminación de la categoría o cometido. “Igual puede ser un cocinero que un administrativo”, indica el grupo de trabajo. Añaden que  “también dice que las tareas de cuidado y atención se realizarán por personal capacitado para esta función”. Es decir, no contempla que haya una ratio determinada de profesionales en las residencias de ámbito privado.

En el caso de las residencias privadas con plazas concertadas por la Administración Pública, es de aplicación la Orden de 19 de marzo de 1998 del Departamento de Sanidad, en el que sí que aparece una ratio para contratar médicos y enfermeras, pero no existe obligatoriedad en su cumplimiento.

A estos problemas  se suma, tal y como denuncian los colegios provinciales,  que las personas que trabajan en estos centros no están lo suficientemente cualificadas. “Hay mucha variabilidad de perfiles profesionales, es un sector muy feminizado, en los que la mayor parte está en el sector privado, y en ocasiones estas trabajadoras no cuentan con unas competencias específicas en la atención al nuevo perfil de las personas que viven en estos centros”.

Además, las  ratios y los salarios de estas personas son claramente insuficientes, en ocasiones debido a la falta de disponibilidad de recursos; pero también debido a la inadecuación del enfoque sobre qué es importante para el cuidado y la protección de las personas.

Una situación algo diferente se vive en los centros públicos en cuanto a que los profesionales sí que tienen la titulación  adecuada, enfermeras o enfermeros , pero las condiciones laborales, tanto económicas como de reconocimiento social son muy diferentes.